martes, 20 de mayo de 2014

25M Vota no a la Troika



En España y en Europa los políticos, tanto socialistas como populares y liberales, han venido defendiendo los intereses estratégicos de grupos de poder ajenos a los ciudadanos. En Europa y en cada uno de los estados miembros, también en España, han votado juntos políticas antisociales y cambios legislativos que están llevando a millones de personas a una vida miserable.

Ese pacto entre élites europeas y también estadounidenses está haciendo empobrecerse a los ciudadanos de todos los países, del sur y del norte. Españoles, portugueses, griegos, italianos, belgas, franceses, alemanes… toda la clase trabajadora europea está sufriendo reformas laborales, recortes, privatizaciones, desempleo, degradación social y ambiental, deuda…

El 12 de febrero de 2013 Obama anunció al mundo que se iniciarían unas negociaciones entre Estados Unidos y la UE para una amplia Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). Era la primera vez que se oía de su existencia. El 25 de febrero de 2014, Mariano Rajoy durante el debate del Estado de la Nación afirmó que España lideraría el apoyo para la consecución del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Desde entonces la UE y EEUU han avanzado en el acuerdo con total falta de transparencia.

Este acuerdo es un ataque a la soberanía y a la democracia con el que se pretende reducir estándares ambientales, sociales y laborales e incrementar los privilegios a las empresas. Estamos ante un nuevo instrumento demoledor del neoliberalismo. Uno de los puntos más preocupantes es el mecanismo para solucionar los conflictos entre los inversores y el Estado. Se permitiría a los inversores presentar sus quejas contra los Estados directamente a los "tribunales internacionales de arbitraje", que a menudo están compuestos por sus propios abogados. Este mecanismo puede significar costes millonarios para los estados que hayan privatizado servicios públicos y quieran revertir la privatización o imponer una regulación a las empresas que contaminen, carezcan de medidas de seguridad laboral, o que utilicen trabajadores en condiciones de esclavitud.

Se pretende privilegiar a las grandes empresas relajando el principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea. Son evidentes las consecuencias sobre nuestra salud y medio ambiente. El objetivo es desregular o igualar estándares ambientales por abajo para permitir contaminar más, pagar menos a los trabajadores y reducir los derechos y las medidas de seguridad. EEUU no tiene ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la OIT.

También cambiaría aspectos importantes en cuestiones de salud pública: desde el acceso a los medicamentos esenciales y a los servicios sanitarios hasta el control y regulación del sector de la alimentación y los productos sanitarios. En EEUU la comercialización de un producto peligroso es libre y hasta que la evidencia científica no demuestre su carácter nocivo no se retira. En la UE se asume el principio de precaución que también afecta a la puesta en mercado de nuevos productos. Esto significaría que se podrían liberar organismos transgénicos, utilizar productos químicos, radiactivos, quemar residuos, instalar líneas eléctricas, expandir el uso de fracking, etc. libremente, con el agravante de que no sería fácil ni barato para los estados reclamar a las empresas por sus daños a la salud y el medio ambiente, o cambiar alguna ley para proteger algún derecho fundamental que influya en los beneficios de las empresas inversoras. Una desregulación del tipo de la que Sheldon Adelson proponía para Eurovegas, pero en este caso aplicada a la producción de alimentos, a la gestión del agua, a la salud, a la educación, al fracking, etc..., en beneficio de cualquier inversión de una gran empresa, y a escala Europea.

El ataque al modelo social europeo viene de la Troika y del impulso de tratados como este, que son alabados por populares, socialdemócratas y liberales.

Hoy, luchar por una democracia real, por la defensa de los servicios públicos, contra el fracking, por la soberanía energética, por el trabajo digno y contra el paro, por el presente y por nuestro futuro pasa también por luchar contra el TTIP votando a izquierda Plural en la Europeas. Este acuerdo sin el voto favorable del Parlamento Europeo y el de los Estados miembros, no se ratifica. Hace falta una mayoría suficiente.

En un contexto de recortes en Bruselas están planificando un refuerzo de la OTAN. Su secretario, Anders Fogh Rasmussen, pidió el año pasado a los países de la Unión Europea un refuerzo de sus capacidades militares y apuntó a la necesidad de que la UE invierta en "drones de observación, repostado en vuelo y transporte aéreo", porque en esas áreas se habían hecho evidentes las lagunas en intervenciones recientes como las de Libia y Mali.

Ese pacto entre élites lo hemos visto también en España entre el PP y PSOE. Hemos visto como el Gobierno español es el alumno aventajado de la Toika, como las élites herederas de la dictadura han ido acumulando privilegios peleando en España y en Europa por lo suyo, acumulado territorio, poder y riqueza. Han diseñado las políticas a medida de los grandes (agrícolas y otras). Están privándonos de nuestro patrimonio educativo, sanitario, socio-cultural, de nuestras infraestructuras de acceso al agua y su gestión. Han utilizado la construcción de infraestructura, vivienda, etc. para enriquecerse. Después de provocar la ruina económica y social y, no cabía esperar otra cosa de ellos, han socializado las pérdidas y rescatado a los bancos sin ninguna condición social. Han alimentado los fondos buitre con las casas que han quitado a las personas para venderlas por paquetes a precios (por vivienda) considerablemente más bajos que las hipotecas con las que dejan a los antiguos propietarios. Estos fondos, como por ejemplo en el que participa un hijo de Aznar, venden paquetes de casas a grandes compradores principalmente de otros países. Han arruinado sin piedad familias. Venden también trenes, carreteras, aeropuertos, edificios públicos… Destruyen y especulan con todo lo que nos permite tener una vida digna, agua, alimentos, vivienda, electricidad, transporte, gestión de los residuos muchos muy tóxicos y peligrosos. Nos mienten descaradamente hasta sobre la calidad del aire que respiramos cuando lo estamos viendo negro.

Gobiernos socialistas y populares han generado una deuda pública ilegítima y priorizado su pago.

En agosto de 2011 se reformó, sin consulta popular, y en contra del derecho internacional y estatal, pero con los votos a favor del PP y el PSOE nuestra Constitución para priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto del Estado: “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta” (artículo 135.3 de la Constitución Española). El cambio de la Constitución en su artículo 135.3 es ilegítimo. Es ilegítima una deuda y un modelo económico que antepone los derechos de los acreedores ante los derechos de las personas.

¿Por qué se favorece la deuda como forma de financiación de la administración pública frente a otros mecanismos? ¿Por qué se prioriza su pago sobre los gastos necesarios para que una sociedad se desarrolle adecuadamente?

Votar al candidato de la Izquierda Plural a la Presidencia de la Comisión Europea, Alexis Tsipras, es votar a alguien que representa y defiende a las personas, sus derechos sociales y ambientales. Hay que utilizar el voto es la manera de hacer nuestra guerra, es el poder de la gente.

Haday López Portillo.

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